La empresa puso en peligro la vida de estos jóvenes, y eso fue lo que les causó la muerte, al no realizar las evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo; tampoco cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni les advirtió de los riesgos en sus puestos de trabajo. Asimismo, el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo no contenía estándares de seguridad para la limpieza de las áreas; tampoco se acreditó la entrega ni supervisión del uso de los Equipos de Protección Personal, esta es la dura realidad de los jóvenes en el Perú, ellos se ven marginados de sus derechos y el estado no cuenta con políticas de protección para ellos, luchar para incluirlos en el sistema reconociéndoles todos sus derecho y beneficios laborales y sociales es nuestra obligación, y que cuenten con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo no es negociable, este caso tiene que dejar un precedente vinculante con sanción para los que se hallen responsables, y no ser archivado ignorando la memoria de estos jóvenes.